Desde el 1 de enero de 2026, todos los vehículos en España deberán llevar una baliza de emergencia V-16 conectada, que sustituye a los tradicionales triángulos de señalización que durante décadas han servido para avisar de averías o accidentes en carretera. La medida, impulsada por la Dirección General de Tráfico (DGT), busca mejorar la seguridad vial y reducir los riesgos de atropellos en situaciones de emergencia.
¿Qué es la baliza V-16 y por qué cambia la normativa?
La baliza V-16 es un dispositivo luminoso que se coloca en el techo del vehículo en caso de avería o accidente. A diferencia del triángulo convencional, no obliga al conductor a salir del coche, lo que teóricamente reduce la exposición a los coches que pasan. Además, incorpora conectividad que transmite la ubicación del vehículo a la plataforma DGT 3.0para alertar del incidente y facilitar la respuesta de servicios de emergencia. l
La DGT defiende que este avance representa un salto en seguridad vial, con luz visible a larga distancia y comunicación digital para alertar a otros conductores.
Los principales focos de la controversia
Críticas de la Guardia Civil y expertos en seguridad
Organizaciones como la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) han criticado que la baliza V-16 por sí sola no ofrece suficiente visibilidad en determinadas condiciones —como curvas, niebla o luz solar intensa— y que eliminar completamente el uso de los triángulos puede crear “situaciones peligrosas”.
Expertos en automoción y figuras públicas han denunciado también que la gestión del cambio ha sido una “chapuza institucional”, con mensajes contradictorios y falta de claridad sobre cómo deben usarse los dispositivos y los triángulos tradicionales.
Debates sobre la legalidad
Un bufete de abogados de Barcelona ha llevado el asunto a discusión jurídica, alegando que la obligatoriedad de la V-16 podría violar el principio de legalidad, al no existir informes técnicos públicos que justifiquen su necesidad, utilidad y proporcionalidad con claridad.
Coste, mercado y homologación
El coste de los dispositivos —que deben ser específicamente conectados y homologados por la DGT— ha sido motivo de queja por parte de conductores y asociaciones de consumidores. FACUA ha alertado de productos en el mercado que se venden como “homologados” pero no cumplen con la conectividad exigida, generando confusión y potenciales sanciones.
Además, a pocos días de que la normativa sea obligatoria, la DGT ha retirado la homologación de varios modelos que ya estaban en venta, lo que ha causado malestar entre quienes ya los habían comprado.
Temores sobre datos y geolocalización
Aunque la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha aclarado que la baliza no puede identificar al conductor ni controlar sus desplazamientos —solo transmite ubicación cuando se activa en caso de emergencia—, algunos usuarios expresan inquietud sobre la tecnología de geolocalización y el manejo de datos.
Reacción social y desinformación
En redes sociales, influencers, mecánicos y ciudadanos han alimentado el debate, con opiniones que van desde acusaciones de “imposición recaudatoria” hasta críticas sobre la verdadera efectividad del dispositivo. También circulan bulos sobre sanciones, seguimientos y hasta supuestas penas de cárcel por no llevarlas, que no tienen base real.
La baliza V-16 representa una evolución normativa en seguridad vial destinada a reducir riesgos en carretera. Sin embargo, su implantación ha estado rodeada de controversias amplias: desde cuestiones de eficacia técnica y legalidad hasta la gestión de la transición y la percepción pública. Con la entrada en vigor inminente, el debate continúa sobre si los beneficios en seguridad compensan el coste y los inconvenientes percibidos por muchos conductores.